Doce fiscales generales republicanos han intervenido para defender una ley de Florida que prohíbe a algunos chinos poseer tierras cerca de instalaciones militares estadounidenses y grandes infraestructuras en nombre de la seguridad nacional, argumentando ante un tribunal federal contra las acusaciones que tachan la legislación de racista o inconstitucional.
Encabezados por el fiscal general de Idaho, Raúl R. Labrador, los fiscales generales de Arkansas, Georgia, Indiana, Mississippi, Missouri, Montana, New Hampshire, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Carolina del Sur y Utah firmaron un escrito de amicus curiae presentado el 7 de julio en el que condenaban lo que calificaban de trato injusto del demandante al tachar de racista la ley de Florida.
“Florida es uno de los al menos 24 estados que restringe la propiedad extranjera de tierras. Y numerosos países también limitan la propiedad extranjera de tierras”, escribieron los fiscales generales. “Florida y estos otros estados y países no se mueven por ‘animadversión racial’ como acusan los demandantes. Por el contrario, están cumpliendo sus funciones estatales más básicas al ejercer la soberanía sobre su suelo.”
La legislación, conocida como SB 264, entró en vigor el 1 de julio y se aplica a los “principios extranjeros” que están “domiciliados” en China, Cuba, Venezuela, Irán, Siria, Rusia y Corea del Norte, restringiéndoles la posesión o adquisición de terrenos agrícolas o bienes inmuebles en un radio de 16 kilómetros de cualquier “instalación militar” o “instalación de infraestructuras críticas” en Florida. Los republicanos argumentan en el amicus curiae que no se aplica a nadie de esos países basándose únicamente en el origen nacional.
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El entonces diputado estadounidense Raul Labrador habla con los periodistas en la Torre Trump, el 12 de diciembre de 2016, en Nueva York. Labrador, ahora fiscal general de Idaho, respalda en un tribunal federal una ley de Florida que restringe la propiedad de tierras chinas. (Drew Angerer/Getty Images)
La ley, firmada por el candidato presidencial del Partido Republicano y gobernador de Florida, Ron DeSantis, tiene una excepción para las personas con un visado válido de no turista o a las que se les haya concedido asilo para comprar una propiedad inmobiliaria residencial si la propiedad tiene un tamaño inferior a dos acres y no está a menos de cinco millas de una instalación militar. También prohíbe la “compra o adquisición de bienes inmuebles por parte de la República Popular China”, incluidas las entidades políticas y corporativas chinas.
Manifestantes marchan en Houston contra un proyecto de ley que prohibiría a los ciudadanos chinos comprar propiedades en Texas, el 11 de febrero de 2023. (Mark Felix/AFP vía Getty Images)
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En una respuesta presentada el martes, la Unión Americana de Libertades Civiles, que representa a cuatro ciudadanos chinos que viven en Florida y a una empresa de corretaje de Florida que demandó al Estado, argumenta que los “daños irreparables de la SB 264 ya están siendo sentidos por los demandantes y otros asiáticos en Florida, que hoy se enfrentan a la discriminación cuando tratan de comprar casas”. Afirma que “estos daños también están sacudiendo el mercado inmobiliario de Florida, donde algunos prestamistas se niegan ahora a hacer negocios con cualquier ciudadano chino”.
El gobernador Ron DeSantis, que compite por la nominación presidencial del Partido Republicano en 2024, firmó una ley que restringe la propiedad de algunas tierras chinas en Florida. (Paul Hennessy/SOPA Images/LightRocket vía Getty Images)
El 22 de mayo, los demandantes Yifan Shen, Zhiming Xu, Xinxi Wang, Yongxin Liu y Multi-Choice Realty, LLC presentaron una demanda solicitando una medida cautelar.
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El mes pasado, el Departamento de Justicia presentó una “declaración de interés” ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. en Tallahassee argumentando que la ley de Florida viola la cláusula de igualdad de protección de la 14ª Enmienda de la Constitución de EE.UU., así como la Ley de Vivienda Justa de 1968 (FHA). Hasta ahora, el DOJ no ha intervenido formalmente en el caso.
El juez de distrito Allen C. Winsor programó una audiencia para el 18 de julio sobre la petición de la ACLU de bloquear la ley.
Source: FOX News