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La administración Biden presentó el lunes una suspensión de emergencia ante el Tribunal de Apelaciones del 5º Distrito de EE.UU. para suspender temporalmente la sentencia de un juez federal que limitaba el contacto de los funcionarios del gobierno con las empresas de medios sociales en relación con la desinformación.
La solicitud se produjo poco después de que el juez de distrito Terry Doughty rechazara la petición de la administración Biden de suspender su propia orden -que emitió el 4 de julio- mientras interponen un recurso. Esa orden se produjo en una demanda presentada por los fiscales generales republicanos de Luisiana y Misuri, así como por el propietario de un sitio web conservador y cuatro críticos individuales de las políticas gubernamentales COVID-19.
La demanda afirmaba que la administración, en efecto, censuraba la libertad de expresión utilizando amenazas de medidas reguladoras o de protección mientras presionaba a las empresas para que eliminaran lo que consideraba información errónea.
La demanda se centraba en temas como las vacunas COVID-19, cuestiones legales relacionadas con el hijo del presidente Biden, Hunter, y acusaciones de fraude electoral.
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La orden judicial de Doughty impedía al Departamento de Salud y Servicios Humanos, al FBI y a otras múltiples agencias gubernamentales y funcionarios de la administración reunirse o ponerse en contacto con empresas de medios sociales con el fin de “alentar, presionar o inducir de cualquier manera la eliminación, supresión o reducción de contenidos que contengan libertad de expresión protegida.”
“Los demandados no identifican ninguna conducta específica que, según ellos, sea lícita pero esté impedida por la orden judicial”, dijo Doughty en el fallo del lunes. Se negó a bloquear su propia orden mientras se apela ante el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de EE.UU. en Nueva Orleans. La administración también puede solicitar al tribunal de apelación una suspensión.
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El presidente de EEUU, Joe Biden, habla durante un discurso sobre el Estado de la Unión en el Capitolio de EEUU en Washington, DC, EEUU, el martes 7 de febrero de 2023. (Jacquelyn Martin/AP/Bloomberg vía Getty Images)
En la solicitud de suspensión presentada por el gobierno el jueves por la noche, los abogados de la administración Biden argumentaron que se enfrentaba a “daño irreparable” porque la orden de Doughty del 4 de julio puede impedir que el gobierno federal “trabaje con las empresas de medios sociales en iniciativas para evitar graves daños al pueblo estadounidense y a nuestros procesos democráticos.”
“Estos daños inmediatos y continuos para el Gobierno superan cualquier riesgo de perjuicio para los demandantes si se concede una suspensión, y por la misma razón, una suspensión es de interés público”, declaró el memorando del tribunal.
La orden de Doughty, por su parte, acusaba a la administración Biden de asumir un papel “similar a un orwelliano ‘Ministerio de la Verdad'”.
La administración Biden argumentó que la orden judicial le impediría hablar “sobre asuntos de interés público” y llevar a cabo sus responsabilidades primarias de aplicación de la ley.
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Cartel en el exterior de la sede del Departamento de Justicia de EEUU (DOJ) en Washington, DC, EEUU, el viernes 17 de febrero de 2023. (Ting Shen/Bloomberg vía Getty Images)
Los demandantes han replicado que el mandato judicial de Doughty contempla exenciones que permiten a los funcionarios ponerse en contacto con las empresas de medios sociales en relación con publicaciones que impliquen actividades delictivas o amenazas para la seguridad pública; amenazas para la seguridad nacional; cuestiones relacionadas con las elecciones, incluidos intentos de supresión de votantes, amenazas para la infraestructura electoral y contribuciones ilegales a campañas.
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La orden judicial también establece que los funcionarios pueden seguir “ejerciendo un discurso público permisible que promueva políticas gubernamentales o puntos de vista sobre asuntos de interés público.”
The Associated Press contribuyó a este reportaje.
Source: FOX News
